Un artículo sobre los hechos y las consecuencias de la Toma del Palacio de Justicia, una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de Colombia.

Esta es la primera entrega de una serie profunda que busca recordar esos episodios que marcaron nuestro país. Historias de las que quizás hemos escuchado hablar a nuestros padres, abuelos o en las noticias, y que simplemente nunca entendimos bien. Heridas de Colombia es mi intento de analizar algunos hechos que dejaron una gran huella en la historia reciente; recordándolas, no para revivir el dolor, sino para entender por qué siguen abiertas. 

“Colombia huele a fuego” (Sebastián Camelo)

El 6 de noviembre de 1985 a las 11:30 de la mañana se sintió un fuerte estruendo que paralizó el centro de la ciudad de Bogotá, marcando el inicio de las 28 horas de terror que se vivieron durante la Toma del Palacio de Justicia. 

Antes que nada debemos tener claras las causas puntuales que desencadenaron este hecho. Colombia estaba en un contexto profundamente marcado por la violencia política, el narcotráfico y la presencia de guerrillas. En 1984 el gobierno colombiano había firmado los Acuerdos de Corinto, Hobo y Medellín, en los cuales pactaron un cese al fuego con las guerrillas M-19 y EPL. Sin embargo, tras acusaciones mutuas de incumplimiento, el M- 19 declaró que el Estado Colombiano había roto el acuerdo, por lo que se proponían hacerle un “juicio político” al presidente Belisario Betancour en el Palacio de Justicia, con la presencia de los magistrados.

Cabe mencionar que, según algunas fuentes, Pablo Escobar había financiado el ataque y que el juicio político no era más que una coartada para las verdaderas razones: eliminar miles de documentos condenatorios y evitar la legalización de la extradición. 

Ese 6 de noviembre había empezado como un día normal y tranquilo, aunque días antes se habían recibido alertas sobre un presunto ataque guerrillero durante una reunión fundamental en la que iban a estar magistrados importantes, muchos de los cuales habían recibido amenazas de muerte. El Ejército había relajado significativamente las medidas de seguridad ese preciso día, por lo que nadie estaba preparado ni listo para actuar en el momento indicado.

Después de un organizado plan, irrumpieron en el Palacio 35 guerrilleros del M-19, los cuales apenas tuvieron una mínima resistencia de los ocupantes. En tan solo cuestión de minutos tuvieron el control total del edificio, secuestrando así a aproximadamente 350 personas, entre las que había empleados y visitantes. 

Momentos después llegó el Ejército de una manera sospechosamente organizada, dando la impresión de que estaban esperando el ataque o sabían de él. Con el apoyo de la Policía Nacional, empezaron a entrar a la fuerza

Sin embargo, los soldados no contaban con un conocimiento de los planos del lugar, lo que suponía una gran ventaja para los criminales. Durante este operativo, se pudo apreciar que la mayoría de las decisiones del Ejército estaban basadas en volver a tener el control total del edificio, más que en salvar la vida y seguridad de los rehenes. Diversos testimonios afirman que, cuando las fuerzas militares entraron, empezaron a disparar indiscriminadamente a todo el que se les atravesara, incluso a aquellos que estaban libres de sospecha o que suplicaban piedad. En este momento, la situación se volvió mucho más confusa y agobiante para las personas que estaban en el interior, pues veían como aquellos que eran llamados sus “salvadores”, terminaban siendo un verdugo más. 

Mientras todo esto pasaba, la prensa cumplía muy bien su papel: trasmitir en vivo la masacre a nivel nacional. Al ver esto, el Ministerio de Comunicaciones decidió censurar todos los medios de comunicación y prefirió transmitir un partido entre Millonarios y Unión Magdalena, según ellos para “no alarmar a la gente”. Por ello, en el lugar reinó la desinformación, más todavía cuando el General Plazas se contradijo varias veces frente a las cámaras, con respuestas desorganizadas e irresponsables.

A lo largo del día, entre ráfagas y fuego, el Ejército logró sacar muchos sobrevivientes y llevarlos a un lugar seguro, algunos fueron llevados al Cantón Norte mientras que otros estaban en la Casa del Florero. Mientras los sobrevivientes pensaban y daban gracias por haber pasado la tragedia, una pesadilla peor se le avecinaba. Mientras estaban, ahora retenidos por el Ejército, fueron golpeados, torturados, humillados física y verbalmente y tratados como guerrilleros; todo con el fin de sacarles una confesión que no existía para justificar sus actos inhumanos. Una gran parte de los que estaban allí murieron debido a que no aguantaron la crueldad de las torturas. Algunos de los cadáveres fueron llevados a fosas comunes y otros fueron devueltos al Palacio para que fueran consumidos por las llamas. 

A las 6 de la tarde de ese mismo día se respiraba un aire completamente diferente. Las feroces llamas consumían lentamente cada rincón del Palacio de Justicia, terminando de calcinar muchísimos cuerpos y reduciendo a cenizas miles de documentos de la biblioteca. 

Aproximadamente a las 2:20 de la tarde del día siguiente, 7 de noviembre, se dió por terminada la Toma del Palacio de Justicia. El costo de este atroz acontecimiento fue de casi 100 personas fallecidas y 11 desaparecidos, de los cuales hasta la fecha no se tiene razón. 

Ahora bien, es muy importante hacer énfasis en los hechos que se empezaron a realizar justo después de terminar. Para empezar los militares comenzaron a limpiar todo el Palacio, botaron restos humanos a la basura, limpiaron los pisos llenos de papeles quemados, e incluso, se dicen que lavaron algunos cuerpos. Actos completamente sospechosos que cubrían gran parte de la verdad sobre lo que había pasado allí dentro. Por otro lado, el tan mal procedimiento del levantamiento de cuerpos, hizo que su identificación fuera aún más difícil. Además de que simplemente se deshicieron de muchos de ellos en fosas comunes en el Cementerio del Sur. 

Ahora, la pregunta más grande es: ¿Por qué se dice que es una herida abierta en Colombia? La respuesta es sencilla pero muy dura: nunca hubo una verdadera justicia. 

Aunque con el paso de estos 40 años se han hecho grandes investigaciones y avances, gran parte de lo ocurrido sigue en duda. Las familias de los 11 desaparecidos siguen buscando respuestas, en ningún momento han recibido alguna explicación clara sobre lo que realmente les pasó a sus seres queridos. Asimismo, aquellos que sí enterraron a sus familiares tampoco han podido gozar de una paz completa. Cerca de 30 años después empezaron a aparecer casos en los que los restos humanos estaban mezclados o mal identificados, por lo que habían llorado a la persona equivocada por años sin saber realmente cuál había sido el destino de sus verdaderos familiares.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, la justicia nunca logró que todos los responsables pagaran por sus acciones. El presidente Belisario Betancur hizo un pacto de silencio, manteniendo un profundo silencio durante años, por lo que dejó miles de interrogantes al llevarse las explicaciones con su muerte. Por su parte, uno de los primeros causantes de la masacre, el  M-19, quedó completamente indultado y sin sanción alguna  por sus delitos en 1990 dentro de los procesos de paz, por lo que sus integrantes no recibieron sanciones judiciales por estos hechos. De la misma manera, aquellos altos mandos que tomaron drásticas decisiones, no asumieron su responsabilidad y evitaron dar alguna explicación; al final terminaron absueltos o sin condenas definitivas. El único oficial que ha tenido una penalización ha sido el General Jesús Armando Arias Cbrales, declarado culpable en 2011 de desaparición forzada y sentenciado a 35 años de prisión en una casa en el Cantón Norte, una condena que para muchas víctimas y sus familias resulta insuficiente frente a la magnitud de lo ocurrido.

Por todo esto, la Toma del Palacio de Justicia es considerada una de las heridas más profundas en la historia reciente del país. No solo por la violencia y la brutalidad de los hechos en tan solo dos días, sino por todo aquello que vino después: desaparecidos, cuerpos mal identificados, familias sin respuestas, décadas de silencio y una justicia que muchos sienten que nunca llegó. Recordar estos hechos es una forma de intentar comprenderlos. Porque mientras sigan existiendo preguntas abiertas, la herida del Palacio de Justicia quedará sin cicatrizar en Colombia.